Qué se ha publicado
The Intercept, junto con Legal Advocates for Safe Science and Technology, obtuvo más de 400 páginas de documentación contractual del Pentágono mediante una demanda al amparo de la ley de libertad de información y publicó sus hallazgos el 8 de septiembre.
Los documentos cubren acuerdos firmados en julio de 2025 entre el Departamento de Defensa y cuatro empresas —Anthropic, Google, OpenAI y xAI—, cada uno por un valor de hasta 200 millones de dólares. El objetivo declarado era construir prototipos de herramientas de IA que “mejoren la ventaja militar, la utilidad militar o refuercen la toma de decisiones militares”.
Los contratos se anunciaron en su momento. Lo que no era público hasta ahora es a qué se comprometieron realmente las empresas.
A qué se obligaron los laboratorios
Según los documentos, cada empresa aceptó dar al Pentágono acceso a sus principales grandes modelos de lenguaje, recibir informes operativos sensibles y conjuntos de datos de casos de uso del Departamento de Defensa, impartir seminarios de formación sobre despliegue de “IA responsable”, participar en ejercicios militares de simulación y aportar “previsión de riesgos” sobre los peligros de sus propios productos.
Ese último punto merece detenerse. Formaliza un acuerdo de doble dirección: las empresas reciben información clasificada sobre cómo pretende el ejército usar sus sistemas, y el ejército recibe la propia evaluación de las empresas sobre qué pueden hacer mal esos sistemas. Se parece más a una relación de asesoría incorporada que a una licencia de software.
El borrador sobre tasas de rechazo
El segundo artículo de The Intercept informa de que entre los archivos publicados hay material en el que el Pentágono pide a OpenAI un sistema con tasas mínimas de rechazo: una IA, según la formulación del medio, diseñada para decir que no en contadas ocasiones a una orden militar.
Tanto el Departamento de Defensa como OpenAI dijeron a The Intercept que se trataba de material en borrador entregado al medio por error, y que ninguna disposición de ese tipo figura en el contrato final firmado. Es un desmentido concreto y en principio verificable, y debe publicarse junto al documento, no debajo de él.
Incluso como borrador, es una pieza útil. El comportamiento de rechazo es el principal control de seguridad que tiene un modelo de lenguaje desplegado, y un cliente que pide al proveedor reducirlo le está pidiendo mover el límite de lo que el sistema hará. Que la petición sobreviviera o no al contrato importa menos que el hecho de que se hiciera por escrito.
La salida de Anthropic, en contexto
Los papeles completan además la disputa que se libró en público a principios de año. Anthropic se negó a firmar unas adendas que habrían permitido el despliegue en redes clasificadas sin prohibiciones contractuales sobre vigilancia masiva interna y armas autónomas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó a la empresa de “riesgo para la cadena de suministro” en marzo de 2026 y vetó sus servicios; un tribunal federal anuló esa calificación en agosto.
La publicación muestra la mecánica contractual detrás de una pelea que hasta ahora se había librado en notas de prensa. También sitúa la decisión de esta semana de abandonar el Information Technology Industry Council en un arco más largo: Anthropic ha aceptado repetidamente un coste comercial para mantener restricciones que se impuso ella misma.
Qué vigilar a partir de ahora
El seguimiento evidente es el resto del expediente. Las entregas por transparencia de este tamaño suelen ser parciales, y las adendas de cada uno de los cuatro contratos son donde está el detalle operativo. Lo otro que conviene mirar es si alguna de las cuatro publica su propia versión de a qué se comprometió. Hasta ahora ninguna lo ha hecho.
