La demanda
Cuatro personas que pagan por ChatGPT, Claude, Grok o Gemini presentaron el viernes una demanda colectiva ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California contra Anthropic, OpenAI, SpaceXAI y Google. Actúan en nombre de una clase nacional propuesta de suscriptores de pago, según informó ABC News.
Sostienen que las cuatro empresas acordaron entre sí frenar el ritmo de desarrollo de la IA, que eso constituye un acuerdo entre competidores para restringir la producción y que reduce lo que reciben los suscriptores por el dinero que ya pagan.
El argumento jurídico
El planteamiento es estrecho y deliberado. “Las leyes antimonopolio no permiten que los competidores decidan entre ellos que la competencia es demasiado peligrosa”, dice la demanda, según Fortune.
Los demandantes aclaran que no objetan que una sola empresa decida por su cuenta avanzar con más cautela. Lo que dicen que la ley prohíbe es el atajo de acordar “sustituir la responsabilidad individual por la contención colectiva”.
La distinción importa, porque no obliga al tribunal a decidir si frenar es una buena idea. Solo le obliga a decidir quién puede tomar esa decisión, y junto a quién.
En qué se apoya
Las pruebas son públicas y recientes. El 12 de septiembre, el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, publicó un ensayo en el que sostenía que el sector debe reducir el ritmo al que mejora las capacidades de los modelos. Ese mismo día, Sam Altman, de OpenAI, Elon Musk, de SpaceXAI, y Demis Hassabis, de Google DeepMind, dijeron en público que estaban de acuerdo con él.
La demanda cita además una declaración firmada en julio por empleados de varios laboratorios que reconocía una “intensa presión competitiva para no frenar unilateralmente” el desarrollo, una frase que los demandantes leen como prueba de que ningún laboratorio se habría movido solo.
Las empresas ya discutieron esto
El detalle más incómodo para las demandadas es que dos de ellas hablaron del problema antimonopolio antes de que nadie las demandara.
El ensayo de Amodei proponía que el gobierno “emita una exención limitada para ciertos tipos de conversaciones sobre seguridad”, es decir, una petición de permiso para coordinarse. Altman celebró un “marco federal que fije requisitos de seguridad coherentes”, pero añadió: “no creemos que haya que esperar a una exención antimonopolio”.
Esa segunda posición es la que ahora podría examinar un tribunal. Una exención que nadie solicitó es una exención que nadie tiene.
Lo que aún no se sabe
Ninguna de las cuatro empresas había respondido a las peticiones de comentarios cuando se publicaron las primeras informaciones. Nada está probado: se trata de una demanda, y la clase propuesta todavía no ha sido certificada.
La primera cuestión que deberá resolver un juez es si cuatro consejeros delegados coincidiendo en público sobre seguridad constituyen un acuerdo en sentido antimonopolio, o si son defensa de una posición sobre lo que deberían exigir los gobiernos: discurso político y no un pacto sobre la producción. Conviene seguir las mociones de desestimación de las demandadas y si el Departamento de Justicia o la Comisión Federal de Comercio dicen algo sobre una coordinación que el sector lleva una semana discutiendo en voz alta.
