Una cláusula estándar para comprar un modelo de lenguaje
La Administración de Servicios Generales de Estados Unidos ha redactado una cláusula contractual estándar para la compra de grandes modelos de lenguaje, y los despachos que siguen el texto afirman que entra en vigor el 19 de octubre. La cláusula, 552.239-7001, se titula Protección básica de datos dentro de sistemas de inteligencia artificial de grandes modelos de lenguaje y lleva fecha de septiembre de 2026 en el reglamento modificado que la GSA publica como un único PDF, actualizado de forma continua, en Acquisition.gov.
Los avisos a clientes de Crowell & Moring y de la consultora de contratación Winvale sitúan ambos la emisión el 28 de septiembre y la entrada en vigor el 19 de octubre, con libertad para que los responsables de contratación la usen antes. Al tratarse de una desviación reglamentaria y no de una norma terminada, es política interna hasta que la GSA la derogue o la codifique mediante un procedimiento formal con período de comentarios públicos.
Cuándo se aplica y cuándo se borra sola
La cláusula entra en licitaciones y contratos cuando el Gobierno adquiere un modelo de lenguaje, un asistente generativo, un chatbot, un sistema agéntico o una herramienta de productividad con modelo de lenguaje en la que esa funcionalidad es un elemento esencial y los datos del Gobierno se envían directamente al modelo o son producidos por él.
Se autoelimina en dos casos. El primero, cuando el uso del modelo por parte del contratista se limita a sus propios sistemas internos o de apoyo, que no se entregan al Gobierno ni son accesibles por él, aunque procesen datos públicos de forma incidental. El segundo, cuando la funcionalidad del modelo es accesoria a lo que se compra: el texto pone el ejemplo de un producto cuyo propósito principal no es la IA, donde el modelo no lo exige el pliego y no se usa para tratar datos del Gobierno.
Las obligaciones se trasladan a los subcontratistas que realizan diseño, desarrollo, despliegue u operación y seguimiento de IA, según los define el anexo A del Marco de Gestión de Riesgos de IA 1.0 del NIST. Los apartados sobre origen, propiedad, jurisdicción y control extranjero no tienen que trasladarse a un componente de modelo abierto ni a un modelo totalmente abierto.
Setenta y dos horas, y una pregunta sobre leyes extranjeras
Dos relojes de notificación corren a 72 horas. El contratista debe informar al responsable de contratación dentro de las 72 horas siguientes a conocer una violación material de la cláusula —definida como la que ha causado, o cabe esperar razonablemente que cause, un efecto adverso significativo sobre la ejecución o los datos del Gobierno— y dentro de las 72 horas siguientes a descubrir un incidente de seguridad que afecte a un modelo usado en el contrato.
Más inusual es lo que figura en el apartado de preaviso. Junto a los supuestos previsibles, el contratista debe avisar de cualquier modificación, configuración o cambio de entrenamiento realizado en el modelo para cumplir una ley, un reglamento o una política de un Gobierno que no sea el estadounidense, cuando ese cambio afecte de forma material a las salidas, la exactitud o la veracidad del modelo. Dicho de otro modo: un comprador federal quiere que le digan cuándo una norma extranjera ha alterado lo que dice su modelo.
La cláusula también regula la retirada de modelos. Antes de descontinuar o sustituir un modelo en uso, el contratista debe hacer esfuerzos razonables para dar al Gobierno acceso simultáneo al sucesor durante al menos 30 días en una versión mayor y 15 en una menor. Cuando el cambio lo fuerza la retirada decidida por un proveedor externo, la notificación sustituye al acceso simultáneo.
La exactitud, como obligación de medios
El enfoque de “IA imparcial” de un borrador anterior ha desaparecido. En su lugar, el contratista debe hacer esfuerzos razonables para diseñar, entrenar y configurar el modelo de modo que priorice la exactitud, la indagación científica y la objetividad al responder a preguntas de hecho, y reconozca la incertidumbre cuando la información fiable sea incompleta o contradictoria. La misma obligación se aplica a los datos de fondo que el contratista selecciona y que el modelo utiliza.
En cuanto a remedios, el Gobierno conserva el derecho a suspender el uso del modelo en cualquier momento. Si un contrato se resuelve por causa imputable después de que el contratista no subsane un aviso escrito de incumplimiento, este responde de los costes razonables de desmantelamiento, pero no de la nueva contratación ni del desarrollo de un sistema sustituto, y no más allá del 25% del valor del pedido afectado. El Gobierno debe revelar lo suficiente de su razonamiento, con las debidas protecciones de confidencialidad, para que el contratista entienda la base de la decisión.
En propiedad intelectual, el Gobierno conserva la titularidad plena de sus datos y de cualquier desarrollo a medida, mientras que los datos de fondo y los productos previos del contratista quedan excluidos.
Lo que hay que seguir es el procedimiento formal que la GSA dice que vendrá después, y la actualización de noviembre del catálogo MAS, por la que la cláusula llegará a los contratistas ya adjudicados.
