Cinco pruebas y una categoría que todavía no existe
El Tesoro británico publicó el 28 de octubre el Pacto de Centros de Datos, junto con los Presupuestos. El documento fija normas que se anima a cumplir a los centros de datos y que los proyectos de importancia estratégica deberán cumplir para optar a una acción adicional del Gobierno en conexiones a la red, planificación y entrega de infraestructura.
La estructura es un intercambio. Los operadores aceptan obligaciones; el Gobierno acelera las dos cosas que frenan a los centros de datos en Gran Bretaña, que son la electricidad y la licencia urbanística. El hueco del documento es precisamente la categoría sobre la que gira: no define qué es un centro de datos estratégico, y solo dice que los emplazamientos que opten deberán demostrar suficiente valor estratégico y que los detalles de la definición y de los criterios adicionales se expondrán a su debido tiempo.
Qué piden las cinco pruebas
La primera prueba trata de las facturas de la luz: los operadores deben pagar su parte justa de los costes del sistema energético, incluidos los costes que generan, y asumir compromisos creíbles por la capacidad de red que solicitan, en lugar de reservar más de la que van a usar. La segunda pide a los emplazamientos estratégicos acordar un Plan de Beneficio Local con la comunidad del entorno, con una inversión proporcional al tamaño del desarrollo y una voz local real sobre cómo se gasta.
La tercera fija normas ambientales: proteger la naturaleza, minimizar el uso de agua, publicar informes anuales de consumo de energía y agua, aprovechar el calor residual para usuarios cercanos cuando sea viable y alcanzar en las nuevas instalaciones una eficiencia en el uso de la energía de 1,3 o mejor, con métodos como los circuitos cerrados de agua. La cuarta trata del empleo: contratación local, aprendizajes remunerados, prioridad a proveedores y tecnologías británicos, contribución al hardware de IA británico y colaboración con investigadores del país.
La quinta es de seguridad. Se pide a los operadores que presten computación segura y fiable al servicio nacional de salud y a otros servicios públicos, que trabajen con las autoridades técnicas nacionales, incluido el Centro Nacional de Ciberseguridad, que compartan información relevante con el Gobierno, que planifiquen con proveedores críticos y que participen en ejercicios gubernamentales.
Qué ofrece el Gobierno a cambio
El pacto crea un Centro de Control Ministerial, presidido por el ministro de IA, para estudiar el apoyo a los centros de datos estratégicos y usar poderes estatales para acortar los plazos de electricidad y de planificación. En la red, el Gobierno dice que reservará capacidad futura y reasignará la capacidad liberada por otros proyectos usando los poderes de la Ley de Planificación e Infraestructura, trabajará con NESO y las compañías de red para encontrar capacidad que pueda quedar libre antes de 2030 y transferirá contratos de conexión anteriores a 2030 a emplazamientos estratégicos cuando haga falta.
Solo para proyectos excepcionales, desarrollará un marco muy controlado que permita generación en el propio emplazamiento hasta asegurar la conexión a la red. Más allá de 2030, las conexiones se alinearán con objetivos regionales informados por una herramienta de planificación espacial que el documento llama ALIGN. El Gobierno también dice que apoyará el derecho de los promotores a construir por su cuenta la infraestructura de conexión, respaldará la tasa de compromiso para centros de datos y la gestión de cola de Ofgem para disuadir la demanda especulativa, publicará un borrador de Declaración de Política Nacional de Centros de Datos para consulta y seguirá desplegando cinco Zonas de Crecimiento de IA en Inglaterra, Escocia y Gales.
La cifra que hay detrás
La propia estimación del Gobierno es que el Reino Unido necesita 6 GW de capacidad de centros de datos de IA para 2030. El pacto es el instrumento con el que pretende llegar ahí sin las batallas urbanísticas y las colas de red que han frenado otras infraestructuras, y sin la oposición local que sigue a un edificio grande y un gran consumo eléctrico que aparecen en un sitio que no los pidió.
El cumplimiento es voluntario para la mayoría de operadores. Las medidas de red y planificación quedan reservadas a los emplazamientos estratégicos, y ahí es donde la categoría sin definir empieza a importar: toda la fuerza del pacto vive dentro de un término que el documento todavía no define.
Qué vigilar
Dos cosas deciden si esto funciona. La primera es la definición de centro de datos estratégico, que el Tesoro dice que llegará. La segunda es el borrador de Declaración de Política Nacional de Centros de Datos, que fija cómo se decidirán los mayores proyectos dentro del régimen de Proyectos de Infraestructura de Importancia Nacional y está en consulta. Hasta que lleguen ambas, el pacto fija obligaciones con la recompensa aún pendiente.
