Qué alega la acusación

La fiscalía federal de Los Ángeles detuvo el jueves a Greg Lui, de 38 años y vecino de San Gabriel, por una acusación de tres cargos que lo señala de contrabandear a China más de 300 millones de dólares en servidores sujetos a control de exportación. La Fiscalía del Distrito Central de California dijo que un gran jurado federal presentó la acusación el 29 de septiembre y que Lui debía comparecer el viernes ante el tribunal de distrito en el centro de Los Ángeles.

Lui es dueño de Earthmade Computer Inc., una sociedad cerrada con sede en City of Industry, al este de Los Ángeles. Según la acusación, entre 2023 y 2024 él y sus cómplices usaron Earthmade para comprar a fabricantes estadounidenses servidores de gama alta con procesadores gráficos controlados, y los enviaron a Malasia y Singapur —destinos que no exigen licencia del Departamento de Comercio— antes de que el material se reexportara a China.

Una acusación es solo eso. Lui es inocente hasta que el gobierno demuestre lo contrario.

El papeleo es el delito que se imputa

El mecanismo que describe el escrito es documental más que técnico. La fiscalía sostiene que Lui entregó a los fabricantes formularios de cumplimiento que nombraban usuarios finales y destinos sin necesidad de licencia, sabiendo que los servidores iban a China. Los transitarios llevaron las cajas a Kuala Lumpur y Singapur, y los cómplices organizaron el último tramo.

Filas de armarios de servidores con cableado rojo y azul en un centro de datos
La acusación se refiere a servidores de gama alta con procesadores gráficos controlados. Foto ilustrativa. Brett Sayles · pexels · Pexels License

Una secuencia aparece con detalle. En enero de 2024, según la fiscalía, Lui escribió a un cómplice que una empresa malasia de transbordo quería 70 servidores con GPU restringidas, y adjuntó un formulario de cumplimiento que reconocía que esos servidores no podían transbordarse legalmente a China. Ese mismo mes hizo un pedido a un fabricante estadounidense por 27 de ellos, por unos 7.614.000 dólares, y el envío salió de Los Ángeles hacia Kuala Lumpur con un albarán que indicaba que el contenido estaba controlado. En marzo de 2024, dice la acusación, un cómplice escribió a un funcionario malasio confirmando que esos 27 servidores habían sido transbordados a un comprador en China.

Entre enero y octubre de 2024, afirma el gobierno, Earthmade recibió más de 176 millones de dólares de dos empresas de transporte radicadas en Malasia.

Quién instruye el caso y qué pena conlleva

Investigan la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, el Servicio de Investigación Criminal de Defensa y la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI. El fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, dijo que la acusación detallaba “documentos falsos, servidores señuelo para engañar a los inspectores y esquemas de transbordo enrevesados”. El primer fiscal adjunto Bill Essayli afirmó que la oficina perseguiría “con firmeza a quienes ponen en riesgo nuestra seguridad nacional por dinero”.

Un operario de almacén con una transpaleta junto a estanterías cargadas
Según la acusación, los transitarios se ocuparon de los tramos siguientes. Foto ilustrativa. Tiger Lily · pexels · Pexels License

Si es condenado por los tres cargos, Lui se enfrenta a un máximo legal de 20 años por la conspiración de control de exportaciones, 20 años por la de blanqueo y 10 por contrabando. Los máximos legales son techos, no penas previsibles.

El comunicado del Departamento de Justicia no nombra a Nvidia: habla de GPU fabricadas por empresas especializadas en lo que llama “Super Inteligencia”, la expresión que una orden ejecutiva reciente impuso a las agencias federales en lugar de “IA”. Bloomberg y Courthouse News identificaron el material como servidores de Nvidia, y Courthouse News mencionó aceleradores H100.

Qué observar

Dos cosas. La primera es la comparecencia del viernes y si el gobierno nombra en audiencia pública a los fabricantes y a las empresas malasias, lo que mostraría hasta dónde llega el caso en la cadena de suministro. La segunda es si la acción de decomiso —un fiscal adjunto distinto gestiona los bienes incautados— recupera algo de los 176 millones, porque esa cifra, y no los 300 millones en hardware, es el dinero que el gobierno dice que se movió de verdad.