Lo que muestran los registros
Una revisión del Washington Post de las declaraciones ante la Comisión Federal Electoral halló que 39 candidatos al Congreso de Estados Unidos declararon pagos por suscripciones a OpenAI durante este ciclo electoral. Los comités de acción política y los partidos declararon unos 30 pagos más, y el Comité Nacional Republicano fue el mayor con cerca de 9.700 dólares. Entre los candidatos individuales, el representante Mike Lawler, de Nueva York, declaró unos 3.260 dólares desde 2025.
Al menos dos candidatos indicaron en sus declaraciones que la suscripción se había usado para publicidad. Las políticas de uso de OpenAI prohíben a los candidatos generar anuncios políticos con sus herramientas. Un tercero declaró usar la IA para redactar y personalizar mensajes o crear medios sintéticos.
La brecha entre la norma y la práctica
El Post constató que OpenAI aplica sus restricciones de forma desigual, y que el asistente a veces rechaza una petición que había atendido en otra ocasión. Una política aplicada así funciona como fricción y no como regla: encarece un uso prohibido sin impedirlo, y enseña a los usuarios a reformular en lugar de a detenerse.
Las cifras declaradas también quedan cortas. Una suscripción mensual a ChatGPT es lo bastante pequeña como para imputarse a una categoría vaga, y los consultores dijeron al Post que muchas más campañas usan las herramientas de las que lo reconocen. Un estratega digital republicano describió los usos habituales sin rodeos: escribir correos, escribir textos publicitarios, escribir guiones.
Por qué las campañas lo ocultan
El incentivo para callar no es regulatorio, es reputacional. Los votantes desconfían de los mensajes políticos que saben generados por IA, así que declararlo tiene un coste sin beneficio que lo compense. Los consultores esperan que las campañas trasladen más de este trabajo a los súper PAC, que están más lejos del candidato y más lejos de los requisitos de transparencia que sí existen.
Esa es la dirección que conviene anotar. La respuesta a una norma contra el material político escrito por IA no ha sido menos material político escrito por IA, sino más distancia entre el material y la campaña que lo encargó.
Qué vigilar
A mediados de 2026 la FEC no había aprobado normas vinculantes de transparencia para la IA generativa en publicidad política, lo que deja un mosaico en el que algunos estados exigen advertencias en los anuncios políticos generados por IA y la ley federal no. Hasta que eso cambie, el límite al uso de estas herramientas por las campañas son las condiciones de servicio de un proveedor, aplicadas por ese proveedor, contra clientes que le pagan. Las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026 son las primeras federales que se celebran íntegramente bajo ese arreglo.
