El presidente Donald Trump firmó el martes una orden ejecutiva que obliga a todos los departamentos y agencias del poder ejecutivo a sustituir las palabras “Inteligencia Artificial” e “IA” por “Superinteligencia” y “SI”.
Según la ficha informativa de la Casa Blanca, la sustitución se aplica a la correspondencia oficial, las comunicaciones públicas, los documentos de política y otros documentos no normativos, y se indica a las agencias que dejen de reconocer los términos antiguos en esos contextos. Los documentos normativos quedan fuera de la orden, que es lo único que podía ser de otro modo: una orden ejecutiva no puede reescribir las palabras que usó el Congreso.
Todavía no hay definición
La orden encarga además al asesor del presidente para Ciencia y Tecnología proponer una definición federal de “Superinteligencia” y “SI”, e identificar cualquier otra acción ejecutiva necesaria para aplicarla. Nextgov informó de que la orden pide un texto legislativo que defina el término en un plazo de 60 días.
Ese orden de pasos es lo llamativo. Se pide a las agencias que usen un término en toda su producción pública antes de que el Gobierno haya acordado qué significa. En la literatura técnica, superinteligencia designa un sistema que supera la capacidad humana en prácticamente todos los dominios: algo que no se afirma de ningún sistema desplegado. La orden aplica la etiqueta a todo el campo.
La justificación declarada es que la nueva redacción refleja mejor lo que hacen los sistemas. La ficha sostiene que estos sistemas desbloquean nuevas formas de creatividad humana en lugar de imitar la inteligencia humana, que es lo que sugiere la etiqueta antigua.
Sin plazos ni sanciones
La ficha menciona a un solo cargo —el asesor científico— y no fija plazo de cumplimiento, mecanismo de aplicación ni sanción para la agencia que siga escribiendo “IA”. En la práctica, los documentos federales cambiarán de terminología al ritmo de quien los edite, y el alcance de la orden termina en el límite de lo que haya escrito el Congreso.
También crea un problema de traducción que la orden no aborda. La política federal de IA está ya llena de referencias legales y reglamentarias —la Ley de IA en el Gobierno, los inventarios de casos de uso de las agencias, el lenguaje de contratación, el marco de gestión de riesgos de IA del NIST—, y todas dicen “inteligencia artificial” porque así lo dicen los documentos que las crearon.
Qué vigilar
La orden se firmó el mismo día en que la Administración lanzó un chatbot federal y acogió a la industria para firmar un acuerdo voluntario de autorregulación, y es la menos trascendente de las tres cosas. Lo que hay que vigilar es la definición federal propuesta. Si el asesor científico presenta una y se pide al Congreso que la adopte, un cambio de marca se convierte en una categoría jurídica, y las categorías jurídicas determinan qué se regula.
