Primero el permiso local, después el estatal
La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, firmó el 8 de septiembre una orden ejecutiva que invierte el orden habitual de trámites para los centros de datos en el estado. Según la orden, el promotor debe alcanzar un acuerdo de beneficios comunitarios con el municipio anfitrión, conforme a los estándares estatales, antes de que las agencias estatales de permisos den un solo paso, según informó GBH.
La orden prohíbe además los acuerdos de confidencialidad entre agencias estatales y promotores de centros de datos, cerrando la vía que ha mantenido fuera de la vista pública las condiciones de muchos de esos proyectos.
La línea de los 25 megavatios
Los proyectos con una demanda eléctrica punta superior a 25 megavatios deben demostrar que cumplen el marco de la administración para centros de datos si quieren obtener permiso. TechCrunch informó de que ese marco exige a esas instalaciones cubrir el 100 por cien de su demanda eléctrica con generación limpia, muy por encima de la ley general de energía limpia del estado, que exige un 40 por ciento en 2030 y sube desde ahí.
Hay tres formas de cumplirlo: construir generación limpia en el propio emplazamiento, financiar nueva generación limpia en las inmediaciones o pagar a un nuevo Fondo de Protección al Consumidor. El fondo existe para compensar a los clientes eléctricos corrientes por la energía que consume un centro de datos hasta que tenga su propio suministro.
Healey lo expuso sin rodeos: “Nos gustaría que los centros de datos pudieran aportar su propia energía limpia desde el primer día. Y si no pueden, tendrán que pagar a los consumidores por la energía que consuman hasta que su suministro esté en marcha”.
Parte de un patrón entre estados
La orden llega tras la pausa que la administración ya había aplicado a las solicitudes de incentivos fiscales para centros de datos, y TechCrunch informó de que la exención del impuesto sobre ventas del sector está en suspenso a la espera de la normativa que la desarrolle.
Massachusetts no actúa sola. Texas exige ya auditorías para las nuevas instalaciones y Nueva York ha paralizado la construcción de centros de datos de más de 50 megavatios. Tres estados de políticas muy distintas han llegado en pocos meses a la misma conclusión: el coste que la infraestructura de IA impone a la red es un problema estatal, y debe pagarlo el promotor.
Qué vigilar
La cifra relevante será cuántos proyectos logran cerrar un acuerdo de beneficios comunitarios. Una norma que convierte a cada municipio en portero puede producir proyectos bien negociados o no producir ninguno, y Massachusetts lo sabrá en un ciclo de permisos.
