La Ley de Responsabilidad y Transparencia en Inteligencia Artificial de Connecticut, aprobada como proyecto de ley 5 del Senado y firmada por el gobernador Ned Lamont el 2 de junio, entra en vigor el 1 de octubre. Varias de sus disposiciones más pesadas se retrasan hasta el 1 de enero de 2027.
La parte que muerde de inmediato es de consumo, no existencial. Una empresa que venda una suscripción de IA no puede renovarla sin aviso por escrito y prueba documentada de que el consumidor aceptó las condiciones. Incumplirlo es perseguible bajo la Ley de Prácticas Comerciales Desleales de Connecticut, que es la vía de aplicación habitual del estado y ya cuenta con jurisprudencia propia.
Las reglas sobre compañía son la mitad sustantiva
Desde el 1 de enero, una plataforma que ofrezca un compañero de IA —definido como un sistema con interfaz de lenguaje natural que da respuestas adaptativas y de apariencia humana a lo largo de varias interacciones— deberá detectar a usuarios con señales de riesgo de suicidio, autolesión o violencia inminente, no permitir que el bot fomente esos comportamientos y remitir al usuario a recursos como la línea de prevención del suicidio 988. El bot nunca podrá afirmar ni insinuar que es humano.
La lista de conductas prohibidas es inusualmente específica para una ley. Un compañero no puede atender a menores sin controles parentales, desalentar la búsqueda de apoyo en salud mental, prestar tratamiento de salud mental, mantener interacciones románticas o sexuales, ofrecer apoyo emocional como sustituto de una relación, elogiar en exceso al usuario, solicitar regalos para mantener una relación ni producir mensajes que aíslen o angustien al usuario.
Un canal de denuncia con umbral
La ley protege además a los empleados de lo que llama desarrolladores de frontera que informen de forma anónima de desarrollos de IA que planteen un riesgo catastrófico, definido como riesgo de muerte o lesiones graves para 50 personas o más, o más de 1.000 millones de dólares en daños materiales. Las empresas con más de 500 millones de facturación anual deberán tener un sistema de denuncia anónima antes del 1 de enero de 2027.
Esa definición es la decisión de redacción interesante. Pone una cifra a una categoría que la mayoría de la legislación sobre IA deja en manos de una agencia, lo que la hace a la vez más fácil de litigar y más fácil de esquivar por debajo.
Qué vigilar
Si algún operador de un producto de compañía anuncia cambios para los usuarios de Connecticut antes de enero, y si el umbral de 500 millones arrastra a alguna empresa que no se considere desarrolladora de frontera.
